Cuatro años pasaron desde la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, hecho que fue celebrado con algarabía por los organismos de derechos humanos y usado por el gobierno nacional como el símbolo de su compromiso con los Derechos Humanos.
Esa derogación que para muchos significaría “el castigo para los culpables”, sólo logro condenar a tres integrantes de la represión estatal, dos policías y un cura. Algo bastante pobre para una expectativa tan grande y un gobierno que se autodefine como “el único que hizo algo por los Derechos Humanos”.
Veinte años no es nada, dice el tango, pero cuatro para el Derecho son muchos. Dos es el máximo que una persona puede estar presa sin condena, de acuerdo a los tratados internacionales. Muchos de los acusados de cometer violaciones de los Derechos Humanos durante el gobierno militar están por llegar a este tope y nada ha cambiado. A pesar de los bombos y platillos, las guirnaldas y las luces de la fiesta, el cotillón y el buffet, la banda no llega, los invitados siguen esperando y la justicia sigue ciega, sorda y muda.
Esa derogación que para muchos significaría “el castigo para los culpables”, sólo logro condenar a tres integrantes de la represión estatal, dos policías y un cura. Algo bastante pobre para una expectativa tan grande y un gobierno que se autodefine como “el único que hizo algo por los Derechos Humanos”.
Veinte años no es nada, dice el tango, pero cuatro para el Derecho son muchos. Dos es el máximo que una persona puede estar presa sin condena, de acuerdo a los tratados internacionales. Muchos de los acusados de cometer violaciones de los Derechos Humanos durante el gobierno militar están por llegar a este tope y nada ha cambiado. A pesar de los bombos y platillos, las guirnaldas y las luces de la fiesta, el cotillón y el buffet, la banda no llega, los invitados siguen esperando y la justicia sigue ciega, sorda y muda.
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